Abogada Tributaria de Alanya y Derecho Tributario
En los conflictos tributarios, qué vía está abierta depende en gran medida de los plazos. Tras la notificación del acta de liquidación de impuestos o de la sanción, el plazo previsto por la ley para la solicitud de conciliación, la solicitud de reducción de la sanción y la demanda ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en materia tributaria es de treinta días; en la fase de recaudación, el plazo frente a la orden de pago es de quince días. Al ser plazos breves, cuando se reciba un acta o una orden de pago, la vía a seguir debe calcularse a partir de la fecha de notificación.
Además de las empresas que operan en Alanya, viven numerosos extranjeros que poseen inmuebles en Turquía, obtienen ingresos por alquiler de los mismos o son herederos de una herencia en Turquía. Para estas personas revisten especial importancia el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la tributación de los ingresos por alquiler y los plazos de notificación que corren mientras se encuentran en el extranjero.
En esta página se explican de forma general el procedimiento que se sigue desde la inspección tributaria hasta el proceso judicial, las diferencias entre conciliación y reducción de la sanción, la fase de recaudación y los principales impuestos que afectan a los extranjeros. Los importes y porcentajes que se fijan de nuevo cada año no figuran en esta página. Dado que las particularidades de cada expediente son diferentes, la valoración jurídica debe realizarse sobre el caso concreto.
Áreas de práctica principales
Cuestiones principales en el derecho tributario
En una misma controversia tributaria intervienen varias leyes. La liquidación del impuesto y la imposición de la sanción se rigen por la Ley turca de Procedimiento Tributario; las acciones que se interpongan contra ellas, por la Ley turca de Procedimiento Contencioso-Administrativo; y el cobro de la deuda, por la Ley turca sobre el Procedimiento de Recaudación de Créditos Públicos.
Inspección tributaria y liquidación
La inspección tributaria tiene por objeto investigar, determinar y garantizar la exactitud de los impuestos que deben pagarse (Ley de Procedimiento Tributario n.º 213, art. 134). No es obligatorio avisar previamente de la inspección. La inspección puede realizarse en cualquier momento hasta el final del plazo de prescripción de la liquidación; el hecho de que ya se haya realizado una inspección anterior no impide una nueva inspección (LPT, art. 138).
Sobre la diferencia de base imponible hallada al final de la inspección se practica una liquidación complementaria del impuesto; si no es posible determinar la base imponible mediante libros, registros y documentos, el impuesto se liquida de oficio (art. 29, art. 30). La no presentación de la declaración dentro del plazo, la no exhibición de los libros y la existencia de pruebas de que los registros no reflejan la situación real se encuentran entre las causas de liquidación de oficio (art. 30). El impuesto liquidado se notifica mediante un aviso de liquidación. En el aviso de liquidación se indican los motivos de la liquidación y el plazo y la forma para interponer una demanda ante el tribunal fiscal (art. 34, art. 35); la omisión total del plazo para interponer una demanda hace inválido el aviso de liquidación (art. 108).
Si el impuesto no se liquida y notifica al contribuyente dentro de los cinco años siguientes al inicio del año siguiente al año natural en que nació el crédito tributario, prescribe. La solicitud a la comisión de valoración de la base imponible para determinar dicha base suspende este plazo; la duración de la suspensión no puede exceder en ningún caso de un año (art. 114).
Sanciones tributarias, regularización voluntaria y requerimiento de explicación
Cuando se causa una pérdida de ingresos fiscales, se impone una sanción por pérdida de ingresos fiscales equivalente al cien por ciento del impuesto perdido; si la pérdida se produjo mediante actos constitutivos de un delito de evasión fiscal, la sanción se aplica al trescientos por ciento (Código de Procedimiento Tributario turco, art. 344). En las declaraciones presentadas voluntariamente después de expirado el plazo legal, la sanción se aplica al cincuenta por ciento; las declaraciones presentadas después de iniciada la inspección o de la remisión a la comisión de valoración no están comprendidas en este régimen. Desde el 2 de agosto de 2024, cuando se causa una pérdida de ingresos fiscales mediante el ejercicio de actividades comerciales, agrícolas o profesionales sin notificarlo a la oficina tributaria, la sanción se aplica incrementada en un cincuenta por ciento (art. 344). El incumplimiento de las disposiciones formales y procedimentales de las leyes tributarias constituye una infracción formal y se sanciona adicionalmente (art. 351, art. 352).
Al contribuyente que, antes de que se inicie la inspección y de que se presente una denuncia en su contra, comunique voluntariamente la situación mediante una petición no se le impone la sanción por pérdida de ingresos fiscales, a condición de que complete su declaración incompleta en un plazo de quince días y pague el impuesto, con un recargo equivalente al tipo del interés de demora, dentro del mismo plazo (regularización voluntaria, art. 371). Las disposiciones sobre regularización voluntaria no se aplican al impuesto sobre bienes inmuebles. Si, antes de iniciar la inspección, la administración realiza una determinación preliminar que indique una pérdida de ingresos fiscales, puede requerir al contribuyente que dé explicaciones. Si la explicación no se considera suficiente, pero la declaración se completa en un plazo de treinta días y el impuesto se paga con el recargo correspondiente, la sanción por pérdida de ingresos fiscales se impone a razón del veinte por ciento del impuesto perdido. El contribuyente requerido para dar explicaciones no puede beneficiarse de la regularización voluntaria en relación con la determinación objeto del requerimiento (art. 370).
El plazo de prescripción para imponer la sanción por pérdida de ingresos fiscales es de cinco años, y el de la sanción por infracción formal es, por regla general, de dos años; los plazos comienzan a correr desde el inicio del año siguiente al año en que nació el crédito tributario o se cometió la infracción formal (art. 374). En caso de fallecimiento, la sanción tributaria se extingue. De las deudas tributarias del fallecido responden, en proporción a sus cuotas hereditarias, los herederos que no hayan repudiado la herencia (art. 12, art. 372).
Delitos de evasión fiscal
Cometer fraudes en las cuentas y en la contabilidad de los libros y registros, ocultar o destruir libros y documentos, o emitir o utilizar documentos de contenido engañoso o falsos constituyen delitos de evasión fiscal, y la ley prevé penas de prisión para estos actos (VUK art.359). Un documento emitido como si existiera una operación real, sin que esta haya existido, es un documento falso. Un documento que refleja de manera contraria a la verdad una operación real en cuanto a su naturaleza o importe es un documento de contenido engañoso.
Si durante la inspección se determina que se han cometido estos delitos, la situación se comunica a la Fiscalía General de la República mediante el dictamen de la comisión de evaluación de informes; la apertura del proceso penal depende de la comunicación del resultado de la inspección (art.367). La condena que imponga el tribunal penal no impide que se apliquen además las sanciones por pérdida de ingresos tributarios y por irregularidades (art.367). Por ello, la demanda contra la sanción tributaria se sustancia ante el tribunal fiscal turco, y la imputación penal ante el tribunal penal, por separado.
A quienes comuniquen la situación a las autoridades competentes cumpliendo los requisitos del arrepentimiento no se les aplican las disposiciones sobre evasión fiscal. Si el impuesto liquidado, la totalidad de los intereses de demora y del recargo de demora, así como la mitad de las sanciones impuestas y el recargo de demora correspondiente a esta, se pagan en la fase de investigación, la pena de prisión se reduce a la mitad; si se pagan en la fase de enjuiciamiento hasta que se dicte sentencia, se reduce en un tercio (art.359). Para información general sobre el proceso penal puede consultar la página Derecho penal.
Corrección de errores tributarios y demanda contra la declaración
Constituye un error tributario la exigencia o el cobro injustificado de impuestos en exceso o en defecto a causa de errores en las cuentas relativas al impuesto o en la tributación. Entre estos errores se encuentran el cálculo incorrecto de la base imponible o de la cuantía del impuesto, la percepción del mismo impuesto más de una vez sobre la misma base imponible y la exigencia del impuesto a una persona distinta del deudor principal (VUK art. 116, art. 117, art. 118). El contribuyente puede solicitar por escrito a la oficina tributaria la corrección del error (art. 122).
Si la solicitud de corrección presentada una vez transcurrido el plazo para interponer demanda ante el tribunal tributario es rechazada, cabe acudir mediante reclamación al Ministerio de Hacienda y Finanzas; en los impuestos municipales, la solicitud se presenta ante la alcaldía (art. 124). Contra la desestimación de esta solicitud puede interponerse demanda ante el tribunal tributario (Ley de Procedimiento Contencioso-Administrativo art. 37). Los errores tributarios que se manifiesten una vez expirado el plazo de prescripción, por regla general, no pueden corregirse (VUK art. 126).
Los contribuyentes, por regla general, no pueden interponer demanda contra las bases imponibles que ellos mismos han declarado ni contra los impuestos liquidados sobre tales bases; quedan a salvo las disposiciones relativas a los errores tributarios (VUK art. 378). En la práctica, los contribuyentes que no están de acuerdo con el contenido de la declaración tributaria la presentan con reserva. La ley regula además que las demandas interpuestas contra las operaciones realizadas sobre estas declaraciones no suspenden por sí mismas el cobro (İYUK art. 27/4).
Proceso paso a paso
¿Cómo avanza el proceso desde la inspección fiscal hasta el juicio?
Inicio de la inspección y actas
El inicio de la inspección y su objeto se notifican al contribuyente mediante un escrito (VUK art. 140/1). La inspección se realiza, por regla general, en la oficina tributaria; a petición del contribuyente y si el lugar de trabajo es adecuado, también puede efectuarse allí. El contribuyente que no aporte sin causa justificada los libros y documentos solicitados en el plazo indicado se considera que no los ha presentado; a quien acredite una causa justificada se le concede un plazo razonable (art. 139).
Es esencial que la inspección finalice en un plazo máximo de un año en la inspección completa y de seis meses en la inspección limitada. Puede concederse un plazo adicional de hasta seis meses, y su justificación se notifica al contribuyente por escrito (art. 140/6). Durante la inspección, las objeciones y observaciones del contribuyente también se hacen constar en las actas levantadas, y se le deja una copia del acta (art. 141). Dado que las constataciones del acta se utilizan como fundamento en fases posteriores, es importante que las objeciones se hagan constar en el acta.
Notificación del informe de inspección y de la liquidación tributaria
Los informes de inspección elaborados por los inspectores fiscales se evalúan, antes de su envío a la oficina tributaria, por las comisiones de evaluación de informes en cuanto a su conformidad con las leyes fiscales y las disposiciones pertinentes (VUK art. 140). El impuesto liquidado sobre la base del informe se notifica mediante aviso de liquidación, y la sanción impuesta se notifica mediante aviso de sanción (art. 34, art. 366).
La notificación se efectúa en la dirección del lugar de trabajo comunicada al iniciar la actividad o en la dirección de residencia que conste en el sistema de registro de direcciones (art. 101). La notificación realizada a quienes están incluidos en el sistema de notificación electrónica se considera efectuada al final del quinto día siguiente a la fecha en que el documento fue transmitido al sistema (art. 107/A). Dado que todos los plazos se calculan a partir de esta fecha de notificación, es necesario controlar periódicamente el buzón de notificaciones electrónicas.
Plazo de decisión de treinta días: conciliación, reducción o demanda
Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del aviso, se elige una de tres vías: solicitar la conciliación respecto de las sanciones, solicitar el pago reducido del impuesto y de la sanción, o interponer una demanda ante el tribunal de lo contencioso-administrativo en materia tributaria (VUK Ek m.1, m.376; İYUK m.7). Estas vías no pueden utilizarse conjuntamente para la misma sanción. No se celebrará conciliación respecto de las sanciones cuya reducción se haya obtenido, y el contribuyente que interponga una demanda tampoco podrá beneficiarse de la reducción (VUK Ek m.9, m.376). Respecto de una sanción para la que se haya solicitado la conciliación, solo podrá interponerse una demanda si no se logra la conciliación (Ek m.7).
Si se solicitó la conciliación previa a la liquidación y no se obtuvo resultado, no podrá solicitarse nuevamente la conciliación después de impuesta la sanción (Ek m.11). Por ello, puede ser necesario decidir qué vía se seguirá antes de que se notifique el aviso, durante la fase de inspección.
Tribunal de lo contencioso-administrativo en materia tributaria y vías de recurso
La demanda se interpone ante el tribunal de lo contencioso-administrativo turco y suspende automáticamente el cobro de los impuestos y sanciones objeto del litigio (Ley turca de Procedimiento Contencioso-Administrativo (İYUK), art. 27/4). Contra las resoluciones del tribunal de lo contencioso-administrativo turco cabe interponer apelación ante el tribunal regional de lo contencioso-administrativo en el plazo de treinta días desde su notificación; en los asuntos que no superen la cuantía señalada en la ley, la resolución del tribunal de lo contencioso-administrativo turco es firme. En los asuntos que superen determinada cuantía, la resolución del tribunal regional de lo contencioso-administrativo puede ser recurrida en casación ante el Consejo de Estado (Ley turca de Procedimiento Contencioso-Administrativo (İYUK), art. 45, art. 46). Estos límites económicos se actualizan cada año según la tasa de revalorización y se toma como referencia el límite vigente en la fecha de interposición de la demanda (Ley turca de Procedimiento Contencioso-Administrativo (İYUK), art. adicional 1).
Si se pierde el pleito, al impuesto objeto del litigio se le aplican intereses de demora desde su vencimiento ordinario hasta la notificación de la resolución judicial. Los impuestos y sanciones cuyo cobro quedó suspendido por la demanda pueden pagarse, si se desea, total o parcialmente mientras esta siga en curso (Código turco de Procedimiento Tributario (VUK), art. 112).
Distintas vías
Diferencias entre las vías de recurso contra la notificación de liquidación
Acuerdo previo a la liquidación
En las multas por pérdida de ingresos fiscales que se impongan con base en una inspección tributaria y en las multas por irregularidades que superen el importe señalado en la ley, puede alcanzarse un acuerdo antes de la liquidación; quedan fuera de ello las multas relativas a hechos constitutivos de delito de contrabando. Si se llega a un acuerdo, no puede interponerse demanda sobre el extremo fijado en el acta. Si no se llega a un acuerdo, no puede solicitarse de nuevo un acuerdo después de impuesta la multa (VUK Ek m.11).
Conciliación tras la liquidación
La solicitud se presenta dentro de los treinta días siguientes a la notificación del aviso de liquidación y abarca únicamente las sanciones. En los puntos conciliados no cabe interponer demanda ni formular reclamación ante ningún órgano. Si no se alcanza la conciliación, no podrá solicitarse de nuevo; la última propuesta de la Administración podrá aceptarse por escrito hasta el final del plazo para interponer demanda (VUK Ek m.1, Ek m.6).
Reducción de la sanción
Si el contribuyente, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del requerimiento, se dirige a la oficina tributaria y declara que pagará el impuesto y la mitad de las sanciones en su vencimiento o, prestando garantía, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo, se le reduce la sanción a la mitad. Si el pago no se realiza en el plazo o si se interpone demanda, no podrá beneficiarse de la reducción (Ley turca de Procedimiento Tributario, art. 376). El contribuyente podrá desistir de la solicitud de acuerdo transaccional y pedir esta reducción hasta que firme el acta del acuerdo transaccional (artículo adicional 9).
Demanda ante el tribunal tributario turco
Los contribuyentes y quienes hayan sido objeto de sanciones pueden interponer demanda ante el tribunal tributario turco contra los impuestos liquidados y las sanciones impuestas (Ley turca de Procedimiento Tributario, art. 377). El plazo es de treinta días, contados desde el día siguiente a la notificación (Ley turca de Procedimiento Contencioso-Administrativo, art. 7). Dado que desde 2024 el acuerdo transaccional no comprende el impuesto principal, la vía principal en las controversias relativas al impuesto principal es la demanda.
Vía judicial
Demanda ante el tribunal de lo contencioso-administrativo: plazos, competencia y suspensión del cobro
El plazo para interponer una demanda ante los tribunales de lo contencioso-administrativo es de treinta días, salvo que una ley especial establezca un plazo distinto. El plazo comienza a correr desde el día siguiente a la notificación, en los casos de notificación; desde el pago, en los impuestos retenidos en la fuente; y desde la inscripción, en los impuestos sujetos a registro (Ley turca de Procedimiento Contencioso-Administrativo, art. 7). Los días festivos se computan dentro del plazo; si el último día es festivo, el plazo se extiende hasta el final del primer día hábil siguiente (art. 8). Los tribunales de lo contencioso-administrativo conocen de los litigios relativos a impuestos, derechos y tasas pertenecientes al presupuesto general, a las administraciones provinciales especiales, a los municipios y a las aldeas, así como a sus recargos y sanciones, y de los litigios relativos al cobro de dichos créditos. Las controversias sobre el impuesto predial liquidado por el municipio también están comprendidas en este ámbito (Ley turca n.º 2576 de fecha, art. 6).
El tribunal competente es el tribunal tributario del lugar donde se encuentra la oficina que liquidó el impuesto o impuso la sanción; en las demandas contra la orden de pago, el tribunal tributario del lugar donde se encuentra la oficina que emitió la orden de pago (İYUK art. 37). La demanda puede presentarse ante el tribunal competente, así como, en lugares donde no haya tribunal administrativo o tributario, ante el juzgado de primera instancia, y en el extranjero ante el consulado turco. Se considera que la demanda se ha presentado el día en que se registró el escrito (art. 4, art. 6).
La interposición de una demanda contra los impuestos liquidados y las sanciones suspende automáticamente la recaudación de la parte impugnada. En cambio, las demandas contra actos de recaudación como la orden de pago y las demandas contra actos realizados sobre declaraciones presentadas con reserva no suspenden la recaudación; en estos casos debe solicitarse por separado la suspensión de la ejecución (İYUK art. 27/4). La suspensión de la ejecución está condicionada a que concurran conjuntamente las circunstancias de que el acto sea claramente contrario a derecho y de que, si se aplica, se produzcan daños de difícil o imposible reparación (art. 27/2).
Si se renuncia a la vía de recurso después de una decisión del tribunal tributario susceptible de apelación ante el tribunal regional de apelación o de una decisión del tribunal administrativo regional susceptible de recurso de casación, el impuesto y la sanción se devengan en las proporciones indicadas en la ley. Si el importe devengado se paga en plazo, se aplica además una reducción (VUK art. 379).
Conciliación
Acuerdo: alcance, plazo para solicitarlo y consecuencias
El acuerdo es el convenio entre la administración y el contribuyente sobre el importe de la sanción. Tras la modificación introducida por la Ley n.º 7524, de 28 de julio de 2024, que entró en vigor el 2 de agosto de 2024, el acuerdo comprende únicamente las sanciones; la cuota del impuesto liquidado no es objeto de acuerdo (Ley turca de Procedimiento Tributario, arts. adicionales 1, 7 y 11). En los acuerdos solicitados antes de la modificación y aún no examinados se aplican las disposiciones anteriores (art. transitorio 35).
Pueden ser objeto de acuerdo las sanciones por pérdida de ingresos tributarios relativas a impuestos liquidados mediante liquidación complementaria, de oficio o por la administración, así como las sanciones por irregularidades y por irregularidades especiales que superen el importe señalado en la ley. Si la pérdida de ingresos tributarios se produjo mediante actos constitutivos de delito de contrabando, las sanciones correspondientes a esos actos no pueden ser objeto de acuerdo. El acuerdo puede celebrarse cuando se alegue que la pérdida de ingresos tributarios tuvo su origen en la insuficiente comprensión de las disposiciones legales o en un error, que existe un error tributario o un error material, o que hay divergencia entre las resoluciones judiciales y el criterio de la administración (art. adicional 1).
La solicitud de acuerdo posterior a la liquidación se presenta dentro de los treinta días siguientes a la notificación del requerimiento de pago. Si no se alcanza o no puede obtenerse el acuerdo, no puede volver a solicitarse. En el acta en que se haga constar que no se alcanzó el acuerdo se hará constar la última propuesta de la administración; si el contribuyente comunica por escrito, hasta el final del plazo para interponer recurso, que acepta esa propuesta, se considerará logrado el acuerdo. El contribuyente puede hacerse acompañar durante las conversaciones de un representante de la cámara profesional a la que esté adscrito y de un profesional (art. adicional 1).
No se puede interponer una demanda ni presentar una queja ante ninguna autoridad sobre las cuestiones acordadas y constatadas en acta (art. adicional 6). En relación con la sanción respecto de la cual se solicita la conciliación, solo se puede interponer una demanda si la conciliación no llega a producirse. En este caso, si el plazo para interponerla ha expirado o quedan menos de quince días, el plazo se prorroga hasta quince días a partir de la notificación del acta (art. adicional 7).
A las sanciones sobre las que se ha alcanzado la conciliación no se les aplica ninguna otra reducción (art. adicional 9). En cambio, en las multas por infracciones formales que no entran en el ámbito de la conciliación por no superar la cuantía señalada en la ley, el porcentaje de reducción de la multa se aplica incrementado en un cincuenta por ciento (art. adicional 1).
Fase de recaudación
Orden de pago, embargo, aplazamiento y responsabilidad del representante legal
Por el crédito público no pagado a su vencimiento, se notifica al deudor una orden de pago en la que se le comunica que debe pagar su deuda o presentar declaración de bienes en un plazo de quince días (Ley nº 6183 sobre el Procedimiento de Cobro de Créditos Públicos, art. 55). Si se va a alegar que la deuda no existe, que ha sido pagada parcialmente o que ha prescrito, debe interponerse demanda dentro de los quince días siguientes a la notificación. En el texto de la ley figura como órgano de recurso la comisión de reclamaciones tributarias. Dado que la función de estas comisiones ha pasado a los tribunales de lo contencioso-administrativo en materia tributaria, el recurso se interpone mediante demanda ante el tribunal de lo contencioso-administrativo en materia tributaria (Ley nº 6183, art. 58; Ley nº 2576, arts. 6 y 15; LJCA, art. 37).
La interposición de demanda contra la orden de pago no suspende automáticamente la ejecución; debe solicitarse además la suspensión de la ejecución (LJCA, art. 27/4). Contra el deudor que no pague su deuda en el plazo de quince días ni presente declaración de bienes, podrá solicitarse, por una sola vez y hasta que presente declaración de bienes, su apremio personal mediante prisión por un máximo de tres meses (Ley nº 6183, art. 60). De los bienes, créditos y derechos del deudor, la oficina recaudadora embarga la cantidad suficiente para cubrir el crédito (art. 62).
Si el pago de la deuda a su vencimiento o la práctica del embargo situara al deudor en una situación muy gravosa, la deuda podrá aplazarse con devengo de intereses, previa solicitud por escrito y constitución de garantía. Desde el 4 de junio de 2026, el plazo máximo de aplazamiento es de setenta y dos meses. Hasta un determinado importe no se exige garantía; este importe podrá modificarse por decisión del Presidente de la República (Ley nº 6183, art. 48). Si el deudor a quien se deniega la solicitud de aplazamiento paga dentro del plazo de hasta treinta días que le conceda la administración, la deuda se considerará aplazada con intereses hasta la fecha del pago (art. 48).
Si el crédito público no se cobra en el plazo de cinco años desde el inicio del año siguiente al año natural en que venció, prescribe. Actos como el pago, el embargo, la notificación de la orden de pago y la declaración de bienes interrumpen la prescripción (Ley nº 6183, arts. 102 y 103). Si no puede procederse contra el deudor por encontrarse en el extranjero, la prescripción no corre mientras dure esta situación (art. 104).
De los créditos de derecho público que no puedan cobrarse total o parcialmente de la sociedad, o respecto de los cuales se entienda que no podrán cobrarse, los socios de la sociedad limitada responden directamente en proporción a sus participaciones en el capital. Quien transfiere la participación y quien la adquiere responden solidariamente de las deudas correspondientes a períodos anteriores a la transferencia (6183 art.35). Los créditos que no puedan cobrarse del patrimonio de la persona jurídica también pueden cobrarse del patrimonio personal de los representantes legales; esta disposición se aplica asimismo a los representantes en Turquía de personas y entidades extranjeras (6183 art. bis 35; Ley de Procedimiento Tributario art.10). Los demás asuntos relativos a las sociedades se encuentran en la página de Derecho mercantil.
Expedientes internacionales
Impuestos para extranjeros y residentes en el extranjero
Las obligaciones tributarias en Turquía de una persona que tiene un inmueble, rentas de arrendamiento o una herencia en Turquía dependen en gran medida de dos cuestiones: si la persona se considera residente en Turquía y si el bien se encuentra en Turquía. Los plazos de notificación que corren mientras se está en el extranjero requieren asimismo atención.
Residencia y tributación en Turquía
Quienes tienen su residencia en Turquía y quienes permanecen en Turquía de forma continua más de seis meses en un año natural se consideran residentes en Turquía y tributan por la totalidad de las rentas que obtengan dentro y fuera de Turquía (Ley turca del Impuesto sobre la Renta, arts. 3 y 4). Los extranjeros que vengan por motivos de viaje, tratamiento o descanso no se consideran residentes aunque permanezcan más de seis meses (art. 5). Quienes no sean residentes en Turquía tributan únicamente por las rentas que obtengan en Turquía (art. 6).
Para las rentas obtenidas en el extranjero por personas que se instalan recientemente en Turquía se ha establecido una exención de veinte años en 2026; sus condiciones y el plazo de solicitud se explican en el apartado separado siguiente (Ley turca del Impuesto sobre la Renta, artículo bis 20/D). Si existe un convenio para evitar la doble imposición celebrado por Turquía con el país correspondiente y puesto en vigor conforme a su procedimiento, el convenio tiene fuerza de ley (Constitución turca, art. 90).
Rentas del arrendamiento y venta del inmueble
La renta obtenida del arrendamiento de una vivienda en Turquía se considera obtenida en Turquía aunque el arrendador no esté domiciliado allí, y se grava como rendimiento del capital inmobiliario (Ley del Impuesto sobre la Renta, art. 7, art. 70). En la renta por arrendamiento de vivienda existe un importe anual exento que se fija de nuevo cada año. Si se obtienen rentas superiores al importe exento y no se declaran o se declaran de forma incompleta, no se puede disfrutar de la exención (art. 21).
La ganancia derivada de la venta o de otra forma de disposición de un inmueble dentro de los cinco años siguientes a su adquisición es una ganancia por incremento de valor. Los inmuebles adquiridos a título gratuito, como por herencia o donación, no están comprendidos en este supuesto (Ley turca del Impuesto sobre la Renta, art. bis 80).
Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Los edificios y terrenos situados en Turquía están sujetos al impuesto sobre bienes inmuebles; el impuesto lo paga el propietario y, en su caso, el titular del derecho de usufructo (Ley turca del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, art. 1, art. 3, art. 12, art. 13). El cambio de propietario exige notificación. La notificación se presenta al municipio donde se encuentra el inmueble dentro del año en que se produjo el cambio y, si el cambio tuvo lugar en los últimos tres meses del año, dentro de los tres meses siguientes (art. 23, art. 33). El impuesto se paga en dos plazos iguales, en los meses de marzo a mayo y en noviembre (art. 30). Las viviendas cuyo valor supere el límite establecido en la ley están sujetas además al impuesto sobre viviendas de lujo; el límite se actualiza cada año (art. 42, art. 44).
Los bienes situados en Türkiye están sujetos al impuesto sobre sucesiones y transmisiones, aunque el fallecido sea extranjero. Los herederos en el extranjero presentan sus declaraciones ante los consulados turcos; el plazo es de cuatro, seis u ocho meses según el lugar del fallecimiento y del heredero. El impuesto se paga a lo largo de tres años, en mayo y noviembre de cada año. Los inmuebles se inscriben a nombre de los herederos sin esperar al impuesto; pero mientras no se pague íntegramente la parte del impuesto correspondiente al inmueble ni se preste garantía, el inmueble no puede transmitirse (Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Transmisiones art. 1, art. 8, art. 9, art. 19). Las demás operaciones del heredero se explican en la página Derecho de extranjería.
Notificaciones y plazos estando en el extranjero
La notificación a quienes se encuentran en país extranjero puede hacerse a través de la autoridad competente de ese país y, a los ciudadanos turcos, también por medio del consulado turco (LPT art. 97). Si no es posible notificar en el extranjero, la notificación se hace por edicto. Se considera notificada al final de un mes la persona que no comparece ante la oficina tributaria ni comunica su domicilio dentro del mes siguiente a la fecha del edicto (art. 103, art. 106); además, se envía por correo una copia del documento de notificación al domicilio conocido en el extranjero (art. 104).
Con la modificación que entró en vigor el 1 de julio de 2026, los obligados tributarios del impuesto de sociedades, los titulares de rendimientos comerciales, agrícolas y profesionales gravados por el régimen de estimación directa, las sociedades colectivas y comanditarias simples, y quienes adquieran por primera vez vehículos sujetos a registro e inscripción y sean inscritos a su nombre, están obligados a utilizar el sistema de notificación electrónica. La notificación efectuada en este sistema se considera realizada al final del quinto día siguiente a la fecha de transmisión del documento (LPT art. 107/A). Por ello, el plazo para interponer la demanda puede comenzar y vencer mientras la persona se encuentra en el extranjero; si se va a permanecer largo tiempo fuera, es necesario seguir los escritos que lleguen al domicilio registrado en el sistema de registro de direcciones y a la dirección de notificación electrónica.
Quienes se establecen en Türkiye
Rentas extranjeras de quienes se establecen en Türkiye: exención de veinte años
Las ganancias y rentas obtenidas fuera de Türkiye por personas físicas que no hayan tenido residencia ni tributación en Türkiye durante los tres años naturales anteriores a ser consideradas residentes en Türkiye están exentas del impuesto sobre la renta durante veinte años (Ley turca del Impuesto sobre la Renta, artículo duplicado m.20/D). La disposición fue añadida por la Ley n.º 7582 y entró en vigor el 4 de junio de 2026, aplicándose a quienes sean considerados residentes en Türkiye a partir del 1 de enero de 2026 (Ley n.º 7582 artículo 4, artículo 14). Las bases y procedimientos de la aplicación se determinaron mediante el Comunicado General del Impuesto sobre la Renta, serie n.º 333.
La exención no distingue según la nacionalidad. Pueden beneficiarse tanto los extranjeros que cumplan los requisitos como los ciudadanos turcos que regresen a Türkiye después de haber vivido en el extranjero; las personas jurídicas no pueden beneficiarse (GVK artículo duplicado m.20/D; Comunicado artículo 3). La existencia de tributación en los últimos tres años por rentas de alquiler de un inmueble en Türkiye, rentas de capital mobiliario o ganancias por incremento de valor no impide la exención (GVK artículo duplicado m.20/D). Quien haya tenido tributación en Türkiye en los últimos tres años por otros tipos de rentas, por ejemplo salarios o ganancias comerciales, no puede beneficiarse de la exención por no cumplir el requisito legal (GVK artículo duplicado m.20/D; Comunicado artículo 3).
Considerarse residente en Turquía depende de que el domicilio se encuentre en Turquía o de que se permanezca en Turquía de forma continuada más de seis meses dentro de un año natural (GVK art. 4). El domicilio es el lugar donde la persona reside con intención de permanencia continua, y nadie puede tener simultáneamente más de un domicilio (Código Civil turco art. 19). Por ello, el registro de dirección que un ciudadano turco que vive en el extranjero ha mantenido en Turquía no se considera por sí solo domicilio en Turquía. Los extranjeros que vienen con fines de viaje, tratamiento o descanso no se consideran residentes aunque permanezcan más de seis meses (GVK art. 5). Un extranjero en esta situación que desee acogerse a la exención debe acreditar que se le considera residente en Turquía.
Ser considerado residente en Turquía en la fecha de solicitud es un requisito de la exención (Comunicado art. 3). La fecha en que la persona se considera residente determina tanto el período retrospectivo de tres años como el plazo de solicitud.
Para acogerse a la exención debe obtenerse de la oficina tributaria el "Certificado de exención para rentas y rendimientos obtenidos en el extranjero". La solicitud se presenta hasta el final del año natural en que la persona es considerada residente en Turquía; para quienes sean considerados residentes en los dos últimos meses del año, hasta finales de febrero del año siguiente. La oficina tributaria expide el certificado tras comprobar la situación de domicilio y de contribuyente de los tres últimos años y si la solicitud se presentó dentro del plazo; a quien no solicite en plazo no se le expide el certificado (Comunicado art. 3, art. 4).
La exención comprende únicamente las rentas y rendimientos obtenidos fuera de Turquía. Respecto de los ingresos obtenidos en Turquía, como la renta del alquiler de un piso en Turquía o la contraprestación de un servicio prestado en Turquía, las obligaciones tributarias continúan. Por los ingresos incluidos en la exención no se presenta declaración, ni se incluyen en la declaración presentada por otros ingresos. Los gastos relacionados con estos ingresos no se tienen en cuenta en el cálculo de la renta sujeta a impuesto, y los impuestos pagados en el extranjero no pueden imputarse al impuesto en Turquía (GVK art. adicional 20/D; Comunicado art. 3).
Si posteriormente se comprueba que no se cumplían los requisitos, el impuesto no recaudado se considera un perjuicio tributario. En este caso, se anula el certificado de exención y el impuesto se recauda, junto con los intereses de demora, imponiéndose asimismo una sanción por perjuicio tributario (GVK, art. duplicado 20/D; Comunicado, art. 5). Las normas fiscales del país que la persona abandonó deben evaluarse por separado conforme al Derecho de ese país.
Criterios de evaluación
Criterios de evaluación en derecho tributario
La vía que debe seguirse en los litigios tributarios se determina según las particularidades del expediente. En la evaluación inicial pueden examinarse conjuntamente el informe de inspección y las actas, la fecha y la forma de notificación del aviso de liquidación, el tipo de sanción, si el asunto está comprendido en el ámbito de la conciliación y si ya se ha pasado a la fase de recaudación.
En la fase de inspección, se evalúan en el expediente las actas y la conciliación previa a la liquidación; en la fase de notificación, la elección entre la conciliación, la reducción de la sanción y la interposición de una demanda dentro del plazo de treinta días; en la fase de recaudación, el plazo de quince días para oponerse a la orden de pago, el aplazamiento y la responsabilidad del representante legal; y, respecto de los extranjeros y de quienes se establecen por primera vez en Turquía, la fecha de establecimiento, el plazo de solicitud de la exención de veinte años y las notificaciones practicadas en el extranjero se evalúan atendiendo a las circunstancias específicas del expediente.
Las áreas de actividad del despacho incluyen la inspección tributaria, las notificaciones tributarias y sancionadoras, la conciliación y las controversias derivadas del cobro de créditos públicos. Puede solicitar una reunión a través de la página de Contacto.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
He recibido una notificación tributaria. ¿De cuánto tiempo dispongo?
Treinta días desde el día siguiente a la notificación de la liquidación. La demanda ante el tribunal tributario, la solicitud de conciliación posterior a la liquidación y la solicitud de reducción de la sanción se presentan dentro de este plazo (İYUK m.7; VUK Ek m.1, m.376). En la notificación electrónica, la notificación se considera efectuada al final del quinto día siguiente a la fecha en que el documento se transmitió al sistema (VUK m.107/A).
En la conciliación, ¿también se puede reducir la propia deuda tributaria?
No. Desde el 2 de agosto de 2024, la conciliación solo abarca las sanciones por pérdida de ingresos tributarios y las sanciones por irregularidades que superen el importe establecido en la ley; la cuota principal del impuesto no puede ser objeto de conciliación (VUK Ek m.1).
¿Se puede solicitar tanto una conciliación como una reducción de la sanción?
No se aplican ambas a la misma sanción. No se alcanza una conciliación respecto de las sanciones cuya reducción se haya aplicado, ni se aplica otra reducción a las sanciones objeto de conciliación. Hasta que firme el acta de conciliación, el contribuyente puede renunciar a la solicitud de conciliación y pedir la reducción (VUK Ek m.9).
Si presento una demanda, ¿tengo que pagar el impuesto ahora?
La demanda interpuesta contra el impuesto y la sanción liquidados suspende automáticamente el cobro de la parte objeto del litigio (İYUK m.27/4). Si se pierde el litigio, se aplican intereses de demora al impuesto desde la fecha de vencimiento hasta la notificación de la resolución; el importe cuyo cobro está suspendido también puede pagarse, si se desea, mientras continúa el proceso (VUK m.112).
Ha llegado una orden de pago. ¿Qué debo hacer?
Desde la notificación de la orden de pago, la deuda se paga o se presenta una declaración de bienes dentro de quince días (6183 m.55). Si no existe deuda, si ha sido pagada parcialmente o si ha prescrito, se interpone una demanda ante el tribunal tributario dentro de los mismos quince días. Esta demanda no suspende automáticamente el cobro (6183 m.58; İYUK m.27/4).
¿Se puede exigir la deuda tributaria de la empresa a los socios o al administrador?
Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada responden, en proporción a sus participaciones en el capital, de los créditos públicos que no puedan cobrarse a la sociedad o que se considere que no podrán cobrarse (6183 m.35). Los créditos que no puedan cobrarse con cargo al patrimonio de la persona jurídica también podrán cobrarse con cargo al patrimonio personal de sus representantes legales (6183 mükerrer m.35; VUK m.10).
Vivo en el extranjero. ¿Pago impuestos por mi piso en Turquía?
El edificio situado en Turquía está sujeto al impuesto sobre bienes inmuebles con independencia de la nacionalidad del propietario y de dónde resida (Ley turca del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, art. 1, art. 3). Si el piso está arrendado, la renta del arrendamiento se considera obtenida en Turquía y tributa en Turquía (Ley turca del Impuesto sobre la Renta, art. 6, art. 7).
Las explicaciones de esta página tienen carácter meramente informativo y no constituyen opinión ni asesoramiento jurídico. Dado que las circunstancias de cada caso concreto son diferentes, la valoración jurídica debe realizarse específicamente para cada expediente.
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La vía jurídica a seguir en las controversias tributarias puede variar según la fase en que se encuentre la controversia —inspección, notificación de liquidación o recaudación—, el tipo de sanción y la forma en que se haya practicado la notificación. Por ello, al inicio del proceso es importante evaluar el asunto en todos sus aspectos, determinar correctamente los plazos y llevar a cabo las actuaciones necesarias dentro de los mismos.
Merve Kartal Kurtman
Abogada